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Administración federal difiere de los esquemas en diversos temas energéticos, mientras las empresas promueven amparos

La administración federal difiere de los esquemas planteados para la generación eléctrica a través de fuentes renovables, mientras las empresas promueven amparos tras la última confrontación con el gobierno de AMLO.

Mientras el mundo experimenta una transición energética para reducir el uso de fuentes contaminantes, en un intento político y técnico para limpiar el consumo eléctrico de industrias y hogares a nivel internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha basado su discurso político en recuperar las viejas glorias de los monopolios energéticos que intentó sepultar el gobierno priista de Enrique Peña Nieto con su Reforma Energética.

En el caso eléctrico, aunque ya existían modelos de participación privada, los cambios constitucionales instalaron un esquema que detonó costos de generación tan bajos que establecieron marcas internacionales: las subastas eléctricas de largo plazo.

El interés de gigantes energéticos, como la italiana Enel o la francesa Engie en México, no es casualidad. Un 85% del territorio nacional es óptimo para proyectos de energía solar, además de una oportunidad para que México se convierta en la séptima potencia mundial en esta materia.

En el caso de la energía que se produce con el viento, nuestro país cuenta con un potencial de 50,000 MegaWatts (MW), cifra superior al pico de demanda eléctrica del país. Pero el presidente ha rechazado y desestimado los datos duros sobre cualquier tema energético que no se alinee con su agenda, y en el camino, ordenó al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) la cancelación de la cuarta subasta eléctrica, en diciembre de 2018.

Incluso antes de aspirar formalmente a la presidencia, López Obrador criticó a las energías renovables desde una perspectiva insospechada por la industria: la estética.

Fuente: Forbes